México, 68 asesinatos al día y 3 muertes cada hora

A lo largo de la última década México ha experimentado un incremento dramático de la actividad criminal y los índices de violencia. Son varios los factores que han propiciado este alarmante deterioro de la seguridad en México, entre ellos la fragmentación de las distintas organizaciones criminales mexicanas, la despenalización de ciertas sustancias estupefacientes, como es el caso de la marihuana, o la diversificación de los diferentes lobbies criminales en busca de nuevas fuentes de ingresos ilícitos.

Uno de los ejemplos más visibles de la ola de inseguridad en la que se encuentra sumido el país y del que diariamente se hacen eco los medios de comunicación en todo el mundo, ha sido desde hace tiempo el drástico aumento en la cifra de homicidios. Según el Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) en México, solo entre 2012 y 2018, durante los seis años que duró el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto, se produjeron más de 150.000 homicidios, lo cual supone alrededor de 68 asesinatos al día, y aproximadamente 3 muertes por hora.

En total, según los datos que maneja el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) mexicano, el número de personas asesinadas desde comienzos de siglo supera con creces los 332.000, dato que no toma en cuenta la sustancial cifra de desapariciones forzosas y homicidios no documentados. En los últimos diez años una parte importante de la responsabilidad en el preocupante incremento de la inseguridad y en el auge de los delitos violentos en México ha sido atribuida al crimen organizado, en concreto a aquellas facciones involucradas en el tráfico de drogas y de personas, a las que se achaca entre un tercio y la mitad de los homicidios en todo el país.

Para hacernos una idea de lo que supone el fenómeno de la violencia en México, es ilustrativo señalar que ya en 2017 el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) lo situó entre los diez países más peligrosos del mundo. Sin embargo, la realidad es que los niveles de inseguridad y la tasa de homicidios en otras áreas del hemisferio occidental continúan siendo más preocupantes, con Brasil a la cabeza, doblando a México en población pero con una tasa de homicidios que en 2015 alcanzaba los 26,7 por cada 100.000 habitantes, mientras que la cifra mexicana se situó en los 16,4.

No obstante, en materia de homicidios per cápita las cifras pueden ser engañosas. Tengamos en cuenta que si bien México sale bien parado, por debajo, en comparación con países más pequeños (Honduras, Guatemala o Jamaica por ejemplo), albergar a aproximadamente al 13% (130 millones de habitantes) de la población del hemisferio occidental y contar aproximadamente con la misma proporción de homicidios se traduce en un balance mucho peor, en materia de seguridad, si lo confrontamos con territorios más pequeños pero con índices de criminalidad superiores. Esto se aprecia claramente atendiendo por ejemplo al número de homicidios entre los años 2000 y 2015, cuando la cifra de muertes en México alcanzó las 256.347 y supero al total combinado de varios países con tasas de homicidios muy superiores, como fue el caso de Honduras (75.679), Guatemala (70.012) o Jamaica (20.508).

Desgraciadamente las cifras mexicanas no han hecho más que empeorar desde entonces; en 2017 el índice de homicidios alcanzaba los 25,7 por cada 100.000 habitantes, en 2018 aumentó hasta 27,3 y las previsiones para finales de 2019 no son halagüeñas teniendo en cuenta que rivaliza con los datos brasileños.

¿Qué hace a México diferente?

A diferencia de otros países de su entorno, donde la violencia política fue algo recurrente en el curso del S.XX, en México el problema de la violencia interna es relativamente nuevo. Esto no significa que no se experimentase un nivel de violencia considerable durante la revolución (1910-1917) y en adelante, sin embargo a partir de los años treinta el país experimentó un grado de estabilidad política relativamente alto y unos niveles reducidos de conflicto interno. A pesar de lo anterior y de forma paralela, ningún otro país en la zona ha experimentado un incremento de tal magnitud en su tasa de homicidios como ha sucedido con México en tan solo diez años.

En 2018 México continuaba batiendo sus propios records y su tasa de homicidios se incrementó de forma sustancial, continuando con la tendencia de estos últimos años hasta alcanzar la peor cifra registrada desde 1990, con 33.341 víctimas (un 16% más que en 2017). Un importante porcentaje de las mismas (entre el 30% y el 50% aproximadamente para el periodo 2006-2018) han muerto a manos del crimen organizado, donde se reproduce una serie de características típicamente asociadas a este tipo de organizaciones: ejecuciones grupales, torturas, mutilaciones, uso de armas de asalto, utilización de cuerpos como “mensaje”, fosas comunes, etc. En su mayoría se trata de hombres, aproximadamente el 75%, con una media de edad que ronda los 33 años y solamente un 9% de mujeres identificadas como víctimas.

México no es solo Tijuana

A pesar de que existe una percepción muy extendida de que la violencia es generalizada y permanente en todo México. En términos generales y a nivel criminológico, tradicionalmente la violencia en el país ha estado altamente localizada, ha sido esporádica y geográficamente especifica. No obstante, es cierto que en el curso de estos últimos años se han producido cambios en cuanto a la distribución de la violencia a nivel geográfico.

Según el INEGI, en los últimos años se ha detectado un aumento de en la dispersión geográfica de la violencia en México, y solo en 2017 el número de “municipios si ningún homicidio” ya alcanzó los 721 de los 2.466 que componen la estructura territorial, lo que supone solamente un 30% y por lo tanto la cifra más baja desde la década de los 90.

De forma paralela, el número de municipios con más de 100 homicidios pasó de 50 en 2016 a 69 en 2017 y por lo que indican las tendencias en 2019 la cifra de municipios libres de homicidios seguirá disminuyendo.

A nivel regional, la violencia se concentra en las principales zonas de tráfico de drogas, al noroeste, al noreste y en la costa del Pacífico. Los estados más afectados desde 2008 son: los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y los de la costa en Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guerrero.

A partir de 2014 tuvo lugar un incremento sin precedentes de la violencia en la zona de la costa y por segundo año consecutivo Tijuana ha sido el municipio con mayor número de homicidios en 2018, con 2.519 víctimas (129 por cada 100.000 habitantes), lo que supone un incremento del 41% respecto a 2017 y ya es considerada por muchos la ciudad más peligrosa del mundo.

Entre los factores que han propiciado las cifras record de Tijuana despunta el surgimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, que desde el arresto del “El Chapo” Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa, lucha por el control de las rutas del narcotráfico a través de Tijuana, hecho que se ha traducido en un incremento de la actividad delictiva en todo el territorio.

¡Atención periodistas!

México es uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodista. Se cuentan por docenas los reporteros y trabajadores de medios de comunicación que han desaparecido o han sido asesinados a lo largo de estos años.

Según datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), entre 1992 y 2019 se han producido 48 casos confirmados de periodistas asesinados y 58 sin confirmar. Aproximadamente el 77% de las víctimas eran reporteros que cubrían algún crimen, el 38% periodistas que informaban sobre casos de corrupción  y un 36% dedicados a cuestiones políticas.

En 2018, 4 periodistas fueron asesinados en México; solamente Afganistán (13 muertos), Siria (9) e India (5) superaron dicha cifra. El perfil de las víctimas es similar al analizado en otros supuestos, en su mayoría hombres con un promedio de edad que ronda los 46 años, todos ciudadanos mexicanos.

Evolución reciente

La tasa de homicidios se ha incrementado por cuarto año consecutivo y entre las causas citadas con mayor frecuencia encontramos: el estancamiento económico, la devaluación del peso mexicano y la grave crisis fiscal motivada por la caída del petróleo. Al mismo tiempo la violencia perjudica las perspectivas económicas y hemos visto como la crisis de seguridad que atraviesa el país desde hace más de una década ha lastrado el crecimiento y socavado las inversiones, contribuyendo a cerrar un círculo vicioso de decadencia en ambos aspectos.

No obstante, los factores socioeconómicos no son suficientes para explicar el rápido crecimiento de la violencia y la inseguridad en México, de ahí que debamos poner la atención en otros factores: el conflicto o la armonía entre las diferentes organizaciones criminales; el proceso judicial al que se vio sometido “El Chapo”; la transición de López Obrador, actual presidente; los esfuerzos para atajar el déficit nacional; las modificaciones en la aplicación de la ley federal; la participación de los militares en la política interna; y la tensa relación con EE.UU.

Una de las medidas que acaparó el foco de la controversia fue el proyecto del presidente Obrador para la reforma del aparato de seguridad pública. En el centro del mismo se encontraba la creación de una Guardia Nacional, compuesta por 70.000 efectivos sacados de las Fuerzas Armadas mexicanas y la policía, aprobada por el Senado y la Cámara en febrero de este mismo año con objeto de reemplazar a la Policía Federal.

Sin embargo, las preocupaciones en relación con la protección de los derechos humanos y la rendición de cuentas de este nuevo cuerpo, llevaron a una agrupación de más de 500 empresas y organizaciones de la sociedad civil a presentar una petición ante el Congreso para que rechazase la propuesta; finalmente fue sometida a una serie de modificaciones y el proyecto salió adelante.

El fin último de este cuerpo pasa por poner remedio a la escasa capacitación y la corrupción a nivel estatal y policial a la hora de enfrentar el problema de la violencia en el país. Sin embargo, teniendo en cuenta que la mayoría de crímenes se producen a nivel local y que la mayoría de los delitos penales recaen bajo jurisdicción estatal o municipal, los expertos no tienen claro ni el sentido, ni la efectividad de esta nueva fuerza.

¿Cuales son las asignaturas pendientes?

La crisis mexicana continua alcanzando nuevas cotas y su final no parece próximo. Es pronto para saber si el gobierno de López Obrador logrará cumplir su compromiso de poner freno a la ola de inseguridad. Por el momento Obrador parece confiar en que un liderazgo fuerte y abordar los déficits socioeconómicos son la clave para atajar el problema. Sin embargo, esta visión de la realidad mexicana no deja de resultar simplista teniendo en cuenta la complejidad de una violencia cada vez más extendida e interconectada como es la de México.

La violencia en México guarda relación con los referidos deficits que aquejan el país, pero también se alimenta de las interacciones entre las propias organizaciones criminales, cuyas capacidades prosperan a la sombra de un funcionariado corrupto y un sector privado que en muchos casos participa de las actividades ilícitas.

Eliminar a los líderes de estas organizaciones por sí solo no basta; es preciso asegurarse de que estos no serán sustituidos por los escalafones inferiores, de manera que la lucha contra el crimen organizado debe contemplar una intervención generalizada a todos los niveles, mejorando al mismo tiempo la seguridad ciudadana. Para ello debe castigar severamente la corrupción estatal y perseguir el fraude, el lavado de dinero y en definitiva los delitos de cuello blanco en el marco del sector empresarial privado.

Hacer frente a las duplicidades en materia de lucha contra el crimen es otra de las asignaturas pendientes; a la vez es preciso incrementar la coordinación entre las distintas organizaciones en materia de seguridad. Reforzar las capacidades en materia de justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del país constituye otro pilar fundamental que las autoridades mexicanas deberían priorizar.

A pesar de que los índices de transparencia en la administración mexicana han mejorado notablemente en el los dos últimos años, los mecanismos de rendición de cuentas siguen sin ser efectivos en la mayoría de los casos, hecho que permite que los actos de corrupción perpetrados por el funcionariado queden en la mayoría de los casos sin castigo. Llegados a este punto, la colaboración de las agencias internacionales y los gobiernos de otros países podría ayudar a México a reducir la mancha de corrupción en su administración.

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